A través del mail historiapinarii@gmail.com estaré resolviendo cualquier tipo de dudas acerca del examen del día 9.
Saludos.

Los promedios que están a continuación son los que determinan en qué categoría deberán rendir la prueba-examen.

• La categoría eximido implica que exoneran la primera parte del año, por lo que los temas comprendidos en la prueba serán desde Neobatllismo hasta Dictadura. 
• La categoría reglamentado significa que la prueba abarcará todo lo dado en clase.
• La categoría libre implica que los temas que abarca la prueba son todos los previstos en el programa oficial.

Nombre	Nota	Categoría
Aguiar, Joaquín	8	eximido
Alvez, Félix	10	eximido
Antunez, M° del Carmen	9	eximido
Corrales, Sebastián	6	reglamentado
Costa, Patricia	8	eximido
Cuello, Federico	7	eximido
Chumino, M° Cecilia	9	eximido
De los Santos, Jocelyn	7	eximido
De los Santos, Nélida	8	eximido
De Oscar, Sandra	7	eximido
De Souza, Maira	8	eximido
Fernandez, Eliana	5	reglamentado
Fernandez, Enzo	7	eximido
García, Carlos	6	reglamentado
Iparraguirre, Mariana	7	eximido
Jara, Verónica	7	eximido
Madruga, Willy	9	eximido
Maidana, Yeny	9	eximido
Malvarez, Alexis	7	eximido
Martinez, Analía	10	eximido
Montibelle, Luis	11	eximido
Núñez, M° Lorena	8	eximido
Olivera, Lía	8	eximido
Ottonello, M° Cecilia	7	eximido
Pereira, Mariana	7	eximido
Rodriguez, Pamela	6	reglamentado
Rodriguez, Juán	6	reglamentado
Sanchez, Mariana	8	eximido
Silva, Celia	7	eximido
Silveira, Marcelo	11	eximido
Tort, Francisco	8	eximido
Urbina, Daniel	8	eximido
Vaz, Lorena	6	reglamentado
Vaz, Patricia	6	reglamentado
Vidal, Fabiana	9	eximido
Viera, Victoria	6	reglamentado
Mendez, Micaela	6	reglamentado

Colegiados Blancos

Los colegiados blancos

(Aclaración: el siguiente material es una recopilación de otros encontrados en la web)

La situación económica en la que se encontraba el Uruguay desde mediados de la década del 50 y cuya manifestación más irritante a nivel popular fue la inflación, erosionó la imagen del “quincismo” y de su líder Luis Batlle. Es por esto (en buena medida) que en las elecciones de noviembre de 1958 el Partido Nacional obtuvo el triunfo luego de casi un siglo de no tener el poder ejecutivo en sus manos.

En este triunfo incidió, además del desprestigio del anterior gobierno colorado, el aporte en votos que hizo el ruralismo dirigido por Benito Nardone (Chicotazo). Nardone había iniciado su actividad pública como gremialista rural teniendo enorme repercusión en el medio rural a través de su programa en CX4 Radio Rural donde realizaba duras críticas al sector político bajo el seudónimo de “Chicotazo”. Su prédica se dirigía contra el estatismo y los vicios que había originado (burocracia, clientelismo político, etc), reclamando que el gobierno atendiera la situación de los habitantes del campo. En 1951 convocó a un congreso de delegados de agremiaciones rurales y se formó la Liga Federal de Acción Ruralista. Esta organización primero actuó como grupo de presión económica y luego tomó un carácter político aliándose a los sectores más conservadores de los partidos tradicionales. Su campaña radial se encaminó a atacar al batllismo quincista que tenía en ese momento la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno y, finalmente, en 1958, Nardone realizó una alianza con Luis Alberto Herrera apoyándolo en las elecciones.

Pero esta alianza entre herrerismo y ruralismo comenzó a deteriorase por discrepancias en la orientación que se le daría al gobierno y por el reparto de cargos. A comienzos del año 1959, el diario herrerista “El Debate” calificaba a Nardone de “intruso” y “comadreja colorada” haciendo alusión a la militancia de Nardone en el Partido Colorado en su juventud.

El primer colegiado blanco: La reforma económica

El nuevo gobierno, que asumió en marzo de 1959, trajo un cambio radical en sus concepciones económicas y sociales aplicando un modelo liberal en lo económico y tratando de desarticular el estado benefactor creado por el batllismo. Estos cambios de rumbo se concretaron en la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria presentada por el Ministro de Hacienda Juan Eduardo Azzini y que fue aprobada en el Parlamento en diciembre de 1959.

La reforma consistió en:

a) la supresión del sistema de cambios múltiples y los tratamientos cambiarios preferenciales que se venía aplicando como parte del modelo neobatllista. Se argumentaba que ese sistema era incompatible con la libre importación que el nuevo gobierno quería instaurar y además había provocado la descapitalización del Bando República por vender dólares baratos a los importadores de maquinarias para las fábricas. El nuevo sistema permitía la fijación del valor de las monedas por la oferta y la demanda. Al implantarse este sistema se elevó el valor del dólar de 4 a 11 pesos,

b) la libre importación, eliminándose el control a las importaciones.  Se aclaraba que la libre importación alcanzaba incluso a los productos suntuarios y que sobrevivirían aquellas industrias nacionales que fueran eficientes, desapareciendo aquellas que se habían mantenido gracias a la protección estatal. Azzini señalaba que el sistema de cuotas o permisos de importación que otorgaba el gobierno había beneficiado a determinados importadores que tenían un monopolio y que en muchos casos se aprovechaba el dólar barató que se daba a algunos tipos de importación, para introducir mercadería que luego se vendía a otros países y no quedaba en Uruguay,

c) la eliminación de los subsidios a la producción agrícola, que había practicado el neobatllismo fomentando cultivos que luego se industrializaban: trigo, lino, girasol, remolacha, etc. Se argumentaba que los subsidios endeudaban al estado, y

d) la disminución de la cantidad de oro del peso uruguayo, lo que en los hechos significó una devaluación, medida que favoreció al sector rural exportador que recibió más pesos por los dólares provenientes de las exportaciones.

Como consecuencias de la aplicación de esta ley aumentaron las importaciones, lo que permitió superar las carencias que existían de algunos productos. La libre importación (que no fue total porque se mantenían barreras aduaneras), la eliminación de los dólares baratos para las importaciones de maquinaria, materia prima y combustibles y la devaluación del peso, perjudicaron a las industrias nacionales que no pudieron competir con los productos extranjeros que ingresaban a Uruguay.

El aumento de las importaciones (60% entre 1959 y 1962) mantuvo el déficit de la balanza comercial y contribuyó a aumentar la deuda externa, ya que hubo que recurrir a préstamos del exterior. Hasta el momento se habían usado las reservas acumuladas en el país durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, pero se agotaron y hubo que recurrir a los préstamos.

Otra consecuencia de la reforma fue el aumento de la cantidad de bancos que ahora podían dedicarse a la compra y venta de moneda extranjera.

Esta reforma económica seguía las orientaciones dadas por el Fondo Monetario Internacional, del cual había llegado una misión en el mes de julio, pocos meses antes de la reforma. El FMI se creó al finalizar la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de procurar que los países mantuvieran un equilibrio en sus balanzas de pagos. En caso de desequilibrio el FMI actúa para que esos países obtengan financiación, pero a cambio esos países deben firmar una “carta de intención” donde se comprometen a cumplir con las recomendaciones que aquel organismo les da. Esa especie de “receta económica” que el FMI establece para los países, consiste en: tener un sistema de cambio de moneda único y librado a la oferta y demanda, libertad para las importaciones y para el ingreso de capital extranjero, contención de los salarios por debajo de los precios, supresión del proteccionismo, estímulo a la actividad privada y no intervención del estado en la economía. Además, los países que reciben los préstamos y firmen las cartas intención, deben permitir las visitas del FMI para controlar el cumplimiento de dichas recomendaciones.

En setiembre de 1960, poco más de un año después de la primera visita del FMI, el gobierno uruguayo, con mayoría herrerista, firmó la primera carta de intención.

La situación económica provocó una mayor agitación social sucediéndose las huelgas como las del transporte, ANCAP, UTE, Frigorífico Nacional y ferroviarios entre otros. En algunos casos el gobierno reaccionó tomando medidas prontas de seguridad y reemplazando a los trabajadores en huelga por funcionarios militares. Los Consejos de Salarios, donde patrones y trabajadores negociaban los sueldos y las condiciones de trabajo, siguieron funcionando, llegándose a algunos acuerdos como los de la industria textil.

Al aumentar los conflictos el herrerismo intentó reglamentar la actividad sindical, lo que en los hechos significaba su limitación. El intento fue rechazado por la UBD, el batllismo y la izquierda.

Las elecciones realizadas el 24 de noviembre de 1962 volvieron a dar la victoria al Partido Nacional pero con un margen más ajustado que en 1958. Dentro de este lema el sector más votado fue el del acuerdo de la Unión Blanca y Democrática (UBD) con Haedo y Heber.

El segundo colegiado blanco

La labor del segundo colegiado blanco se vio paralizada por la búsqueda de acuerdos para poder tener mayorías en el parlamento y por los enfrentamientos dentro del propio partido gobernante (enfrentamiento de herreristas y ubedistas, separación del Movimiento de Rocha de la UBD, etc). Estas múltiples divisiones, agravadas por el fallecimiento de Nardone y de Fernández Crespo, líderes del ruralismo y de la UBD respectivamente, debilitaron al gobierno que no pudo hacer frente al deterioro de la economía.

Para obtener respaldo en las cámaras y aprobar el presupuesto, la UBD tuvo que recurrir al apoyo de la lista 99 (colorada) y del Partido Demócrata Cristiano.

Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico

En 1963, se dio a conocer el informe de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). Esta había sido creada en 1959 con el objetivo de que hiciera un análisis de los problemas del Uruguay y recomendar soluciones. La CIDE hizo un diagnóstico del estancamiento económico encontrando sus causas en:

-el estancamiento del agro provocado por el latifundio, el minifundio y la falta de tecnología,

-la falta de competencia de la industria nacional que dependía de insumos importados (combustibles, maquinaria) y que producía para un mercado interno pequeño,

-el enfrentamiento de los grupos de presión para mantener o mejorar su situación,

- la inflación.

Según el informe presentado, las causas del estancamiento no eran coyunturales sino estructurales; sólo un cambio de la estructura económica, y especialmente de la explotación agropecuaria, podía revertir la situación.

El análisis y las propuestas de la CIDE se enmarcaban dentro de la teoría “desarrollista” que en esos años se difundió en América Latina y que tenía entre sus impulsores a la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) y al economista argentino Raúl Prebisch. Esta teoría económica se centraba en la necesidad de planificar el desarrollo de los países. Las exitosas experiencias de economía planificada de los países socialistas y de algunos países de Europa Occidental en la posguerra, servían de ejemplo.

La CIDE propuso un plan de desarrollo cuyo primer paso era lograr un acuerdo entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno para mantener fijas durante un año las tarifas públicas, los salarios y los precios. Luego se debían encarar reformas a fondo empezando por una reforma agraria (con distribución de tierras y apoyo tecnológico), y siguiendo por la reforma del sistema bancario, la educación y la seguridad social. Una de las figuras destacadas del colegiado blanco, el Ministro de Ganadería Wilson Ferreira Aldunate, presentó en octubre de 1964 un plan de “vuelta al campo”, que incluía un proyecto de reforma agraria. La Asociación Rural se manifestó en contra y el proyecto, como otras de las reformas propuestas por la CIDE, no fue aprobado.

Profundización de la crisis económica y social

En el año 1965 la situación económica y social empeoró. En primer lugar se hicieron sentir las consecuencias de una intensa sequía que perjudicó al sector agropecuario. Por otra parte se produjo una crisis bancaria que provocó la quiebra del Banco Regional y del banco Transatlántico.

El estancamiento agropecuario. La crisis del sector agropecuario se venía arrastrando desde mediados de la década del 50. Durante el primer colegiado blanco (1958.1962) se había intentado abandonar el dirigismo estatal implantandose una política con orientaciones del liberalismo económico, pero no se había logrado salir de ese estancamiento. Durante el segundo colegiado blanco (1962-1966) se intentó aplicar el proyecto de la CIDE de orientación desarrollista, pero el resultado tampoco era bueno.

Del estudio realizado por la CIDE se desprendía que el crecimiento de la producción agropecuaria entre 1959 y 1961 era del 1,6% anual. El mayor desarrollo se había dado en la agricultura para industrializar: lino, girasol, arroz, etc. En cuanto a la ganadería, se había estancado la producción de ganado para carne, había crecido muy poco la producción de lana y el mayor crecimiento correspondía a la lechería. Desde hacía varias decenas de años el ganado vacuno estaba en alrededor de 8 millones de cabezas.

Cada vez era más evidente el atraso tecnológico y la mala distribución de las tierras. En Uruguay una res necesitaba entre 4 y 5 años para estar apta para faenar y la tasa de reproducción anual era de 56% (72% era en Argentina y 85% en Australia). Para obtener una tonelada de carne en el frigorífico, se necesitaba mantener en pastoreo 26 vacunos, mientras en Argentina bastaba con 17 animales. En cuanto a la tenencia de la tierra se mantenían el latifundio y el minifundio.

Los problemas de la industria.   La reforma cambiaria de 1959 le había quitado a la industria parte de la protección que recibía del estado. En 1963 la industria producía la mitad de lo que le permitía su capacidad. Había bajado la producción y por lo tanto también habían bajado las oportunidades de empleo. Al haber menos empleo había menos consumo y como la industria producía para el mercado interno, descendía el consumo y en consecuencia seguía bajando la producción.

Las industrias dinámicas, que se habían desarrollado en base al proteccionismo del estado durante el neobatllismo, fueron las que tuvieron más problemas, especialmente las industrias del caucho, la metalúrgica y las de fabricación de equipos eléctricos.

En los años 60 se observan las siguientes características de la industria uruguaya:

a) en las industrias tradicionales predominaban establecimientos grandes con gran concentración de trabajadores, mientras en las industrias dinámicas predominaban los establecimientos medianos (menos de 100 trabajadores) o pequeños (menos de 20 trabajadores).

b) escasa importancia de la industria nacional en las exportaciones, con la excepción de la industria de la carne y de la lana.

c) mantenimiento de técnicas tradicionales y bajos niveles de eficiencia de las instalaciones, lo que reducía la calidad de los productos y su competitividad.

El desarrollo de los bancos y las actividades especulativas.   A partir de la reforma cambiaria impulsada por el ministro Azzini durante el primer colegiado blanco, se multiplicó la cantidad de bancos instalados en Uruguay. En 1963 había 63 bancos privados con cerca de 500 sucursales en todo el país. Esta cifra era desproporcionada teniendo en cuenta la población que tenía el Uruguay. En promedio había un banco cada 4.500 habitantes, mientras en Argentina había uno cada 14.000 habitantes. Además se instalaban otro tipo de negocios financieros conocidos como “casas bancarias”, cuyo funcionamiento no estaba regulado por la ley y por lo tanto carecían de control.

Gran parte de las actividades realizadas por los bancos privados y las casas bancarias giraban en torno a la especulación:

a) especulaban con la compra y venta de moneda extranjera.,

b) intermediaban en la especulación de otros, otorgando créditos a los estancieros mientras estos retenían sus productos y no los exportaban presionando al gobierno para que devaluara la moneda nacional. Los grandes productores almacenaban la lana en los galpones y obtenían el préstamo para continuar sus actividades y el gobierno que necesitaba que se hicieran las exportaciones para que ingresara moneda extranjera que se volcaba al pago de las importaciones, debía ceder devaluando el peso uruguayo. De esta manera los estancieros exportadores obtenían mayor cantidad de pesos uruguayos por los dólares que recibían de su exportación. La devaluación también le servía a los bancos que especulaban con la compra y venta de moneda extranjera.

c) eran el vehículo a través del cual se producía la fuga de capitales, es decir la salida del país para invertir en otros países, generalmente para depositar en lugares donde se pagaba mayor interés por los depósitos.

Las actividades especulativas sin freno en medio del estancamiento del país provocaron una crisis bancaria. En abril de 1965 uno de los bancos privados más importantes, el Banco Transatlántico, no pudo hacer frente a sus compromisos y quebró. El temor de que se produjera una corrida de los depositantes para retirar sus depósitos en otros bancos (porque a la caída del Banco Transatlántico podía seguirla la caída de otros) llevó al estado a intervenir varios bancos y establecer que el Banco República sería garantía de los depósitos hechos en los bancos privados. Los bancos permanecieron cerrados durante dos semanas para evitar los retiros de depósitos. También se establecieron mayores controles sobre las operaciones de los bancos. El resultado fue que disminuyó la cantidad de bancos, pero no la especulación que se concentró en menos manos y sobretodo en casas bancarias extranjeras con filiales en Uruguay que se vieron menos afectadas por la crisis bancaria.

Problemas sociales.  Mientras los precios subían (88% en 1965) los salarios bajaban. Tomando como base 100 en el año 1957, el salario real bajó a 80 en 1966. Mientras algunos sectores privilegiados aumentaron sus ingresos en forma permanente, otros, como las clases medias y bajas, que tenían ingresos fijos, sufrieron el impacto de la inflación. Comenzó a difundirse el trabajo “informal” al margen de la legalidad, la subocupación y el doble empleo para poder complementar los salarios bajos. En los alrededores de Montevideo se empezaron a ver asentamientos precarios, “los cantegriles”, donde proliferaba la miseria que era engrosada por la permanente migración del interior hacia la capital buscando mejores condiciones de vida.

El “éxodo rural”, traslado de población hacia las ciudades, y en el caso de Uruguay especialmente hacia Montevideo, se mantuvo y acentuó en esos años. En 1950 la población rural era el 20% de la población total del país. En 1960 había descendido al 15% y diez años después, en 1970 bajó al 11%.

La organización sindical había progresado tanto entre los obreros industriales como entre los de “cuellos blancos” (o sea los trabajadores de oficinas), como bancarios, funcionarios públicos, etc. A fines de la década del 50 se reinició el diálogo entre las diversas organizaciones sindicales tratando de formar una central única que reuniera a todos los sindicatos para lograr mayor fuerza en sus reivindicaciones. Esta central única se concretó en 1964 con la formación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

También los estudiantes se movilizaban a través de la FEUU, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, reclamando no sólo por todo aquello que los afectaba como estudiantes sino por transformaciones económicas y sociales.

La reforma constitucional y las elecciones de 1966

Desde los sectores políticos predominantes culparon a la constitución de los males del país y se plantearon su reforma. Por su parte la población, que había recibido con frialdad la reforma anterior (realizada en 1952), no sentía atracción por el sistema colegiado y lo veía como un organismo irresoluto, donde se discutía mucho y se resolvía poco. Por lo tanto desde diversos sectores políticos se impulsó la reforma de la constitución.

En las elecciones de noviembre de 1966 se presentaron cuatro proyectos de reforma, conocidos por el color de la papeleta con los que se votaba.

La reforma naranja, que fue la que obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes (el 75% de quienes votaron) establecía significativos cambios en el Poder Ejecutivo: se eliminó el Consejo de Gobierno y se volvió al sistema unipersonal, o sea un Presidente, que sería electo cada 5 años y no podía ser reelecto. Acompañaban al presidente en su actuación un ministro, varios de ellos o el Consejo de Ministros.

La nueva constitución amplió las potestades del Poder Ejecutivo. Le dio la iniciativa exclusiva para presentar leyes referidas al orden económico y financiero del país (por ejemplo para aumentar el número de empleos públicos, aumentar los gastos del estado), la posibilidad de vetar leyes aprobadas por la Asamblea General (veto que ésta podía levantar pero con 3/5 de legisladores), además el presidente podía enviar proyectos de ley de “urgente consideración” a la Asamblea y ésta tenía un plazo perentorio para rechazarlos, sino quedaban automáticamente aprobados. También incrementó el control del poder Ejecutivo sobre los entes autónomos.

El mismo día que se plebiscitó la reforma constitucional se celebraron las elecciones para elegir presidente; en ellas resultó ganador Óscar Gestido del Partido Colorado.

Neobatllismo

Neobatllismo

"Sin duda alguna la revolución que vive el mundo es muy violenta; y por desgracia no se ve que la tranquilidad llegue a los pueblos y la paz asegure la estabilidad de los gobiernos. Por el contrario, vemos la violencia de la lucha por todos lados (...) Solamente nosotros damos el espectáculo de una inmensa tranquilidad. Damos el espectáculo de estar luchando por nuevas conquistas, en la paz y en la libertad ¿Y eso por qué? (...) Solamente porque hemos sabido ser justos desde hace mucho tiempo. Leyes como las que tiene nuestro país recién algunos países las viene conquistando con sangre, cuando nosotros las hemos dado en la paz, respetando a los hombres y a las instituciones" Batlle Berres, Luis. "Pensamiento y Acción" Pág. 111

El 2 de agosto de 1947 Luis Batlle Berres se ubicó en el sillón presidencial, tras la muerte de Tomás Berreta que había sido electo un año antes y que no llegó a culminar su primer año de gobierno. Desde allí impulsó una política que se conoce como "neobatllismo", por las similitudes que tuvo con la de su tío, José Batlle y Ordóñez. En un sentido amplio se usa el nombre “período o época neobatllista” para referirse a aquellos años en que ese sector político predomina y, desde el gobierno, intenta poner en práctica sus ideas (desde 1947 a 1958).

La Segunda Guerra Mundial representó para Uruguay una demanda sostenida de sus principales rubros exportables por parte de los estados involucrados que se encontraban además imposibilitados de abastecer nuestro mercado de productos industrializados lo que posibilitó obtener año tras año saldos positivos en la balanza comercial. Por consiguiente, el país multiplicó sus reservas en oro y divisas y el índice de crecimiento global de su economía estuvo entre los más altos del mundo. Cuando la recuperación europea comenzó a revertir esta tendencia, la guerra de Corea, entre 1950 y 1953, reeditó la coyuntura favorable del comercio exterior uruguayo.

En este contexto llega al gobierno Luis Batlle Berres quien era partidario de un estado interventor que articulara armoniosamente los intereses de capital y del trabajo. Como su tío, pensaba, también, que el Estado debía garantizar la igualdad de oportunidades a través de la educación pública y de fácil acceso para todos. La propuesta buscaba amortiguar la lucha de clases a través de la redistribución de los ingresos pero sin oponerse a la existencia de clases sociales.

Según sus palabras “al lado de la industria que crea la clase media, al lado de la industria viene el salario bien remunerado del obrero, al lado de la industria viene elcapital, al lado de la industria viene toda la organización administrativa bien paga, al lado de la industria se realiza y se hace una riqueza que se reparte entre los trabajadores porque la industria lo que necesita son brazos y entonces a los brazos es a donde llega el reparto justo la ganancia que provoca es industria, y en ese sentido tenemos que hablar con claridad al pueblo: no están haciendo como lo pretenden algunos que falsean la verdad, capitalismo para los capitalistas, no, están haciendo riqueza para que llegue al pueblo, para que se reparta entre los hombres de trabajo...” (Luis Batlle, 10/10/1948).

En el plano económico el Neobatllismo puso el acento en el desarrollo de la industria considerando que además de producir riqueza generaba fuentes de trabajo. La industrialización debía ser promovida y defendida por el estado a través de la protección aduanera, tipos de cambio favorables, menos impuestos, etc.

Consideraba además que el Estado debía encargarse de aquellas actividades que se consideraban servicios públicos imprescindibles o que requerían un nivel de inversión que no podían hacer las empresas privadas.

Como estrategia de gobierno Luis Batlle trató de lograr alianzas con otros sectores políticos dentro y fuera del Partido Colorado. Se entrevistó con el principal dirigente blanco, Luis Alberto de Herrera, llegando a una “coincidencia patriótica”: el herrerismo apoyó algunas de las medidas del presidente y a cambio éste designó a varias figuras herreristas para cargos jerárquicos. Estas designaciones a cambio del apoyo, que la población llamaba “el reparto”, significó un aumento considerable de los puestos en la administración pública y el consiguiente aumento de los gastos (por ejemplo el Instituto de Jubilaciones se dividió en las Cajas de Industria y Comercio, Civil y Rural lo que implicó la creación de 15 cargos de directores). Pero pronto el herrerismo pasó a hacer oposición al gobierno reflejando las posturas de los sectores rurales.

Una de las primeras obras de gobierno fue la nacionalización de los ferrocarriles, los tranvías y las aguas corrientes que estaban en manos de empresas inglesas, fue esta la forma de cobrar la deuda que Inglaterra tenía con Uruguay y prácticamente fue impuesta como solución por los ingleses en lugar de pagar en libras por de carne y lana durante la Guerra. Con las empresas nacionalizadas se crearon nuevas empresas estatales: con los tranvías se creó la Administración Municipal de Transportes (AMDET, 1947), con los ferrocarriles se formó la Administración de ferrocarriles del Estado (AFE, 1952) y con las aguas corrientes se instalaron las Obras Sanitarias del Estado (OSE, 1950). De esta manera se amplió la esfera de acción del estado en la economía y se aumentó el número de funcionarios públicos, multiplicándose las oportunidades de ofrecer empleos públicos a cambio de votos.

El eje de la política económica neobatllista fue la promoción de la industria, especialmente la de sustitución de importaciones. El modelo ISI, como se le llamó, aprovechaba la debilidad transitoria provocada por la guerra mundial en la industria europea para hacer nacer una industria propia. Las herramientas empleadas para el fomento industrial incluyeron aranceles preferenciales, exoneraciones fiscales, créditos baratos y tipos de cambio favorables. Así creció una industria de artículos de consumo -ropa, alimentos, bebidas, textiles- que exigió mano de obra e impulsó el desarrollo de sectores comerciales y de servicios.

La política proindustrial se financió con las divisas provenientes del sector agropecuario. Para el neobatllismo, la actividad primaria debía suministrar los capitales para el desarrollo manufacturero, que actuaría como dinamizador general de la economía. Esta transferencia de recursos del agro a la industria se concretó a través del contralor del comercio exterior y la política de cambios múltiples, instrumentos ambos que habían sido ya empleados desde el período de Terra.

El contralor del comercio exterior consistía en asignar prioridades de valor, procedencia o destino a las exportaciones o importaciones, según el interés del país. La política de cambios múltiples implicaba que la cotización de la divisa variaba en función de tales criterios. Lo que sucedía en todos los casos, sin embargo, era que el estado "compraba" barato el dólar que ingresaban los exportadores por los productos del agro y vendía "caro" el que requerían los importadores. Como el monopolio del contralor lo tenía el Banco República, la diferencia quedaba a favor del estado. Esa diferencia subvencionaba las actividades económicas de interés -por ejemplo, la industria- o cubría necesidades del estado, como el presupuesto público o el pago de la deuda.

Ejemplo de esta política es la fijación en 1947 en los $1,52 lo que recibirían los exportadores (de carne, lana, etc) por cada dólar que ellos recibían del exterior y que debían entregar al Contralor de Exportaciones; y a los importadores uruguayos se les cobraba $1,90 por cada dólar que se les entregaba para pagar mercadería importada. La diferencia de 38 centécimos por dólar quedaba en manos del Estado para dar créditos a los industriales, o cobrarles menos impuestos, o cobrarles menos los dólares que precisaban para importar combustible o maquinaria. Se producía una transferencia de ingresos desde un sector (los exportadores agropecuarios, o sea los estancieros) hacia otro sector (los industriales). En l947 un decreto clasificó las importaciones en tres categorías fijando distintos valores a los dólares entregados y dos años después la clasificación en tres tipos también se aplicó a las exportaciones.

Otra forma de proteger a la industria nacional fue mediante el sistema arancelario (impuestos de aduana), poniendo impuestos altos a los productos extranjeros que podían competir con los fabricados en Uruguay o bajando los impuestos a aquellas importaciones necesarias para las industrias como maquinaria y combustibles; a esto se sumó el no cobro de impuestos a las industrias nuevas o a la ampliación o modernización de fábricas y los préstamo del Banco República con bajos intereses a largo plazo.

Estas medidas y la situación internacional (los países europeos, tradicionales abastecedores de productos industrializados, estaban en plena reconstrucción después de la guerra) favorecieron el crecimiento industrial. Se destacaron las industrias dinámicas en contraposición con las tradicionales. Entre las primeras se encuentran los productos eléctricos, química y derivados del petróleo; entre las segundas: alimentos, bebidas y cueros. La mayor parte de la producción se dedicaba al consumo interno con la excepción de los tops (lana lavada y peinada) que se exportaba. El desarrollo industrial también benefició a otros sectores económicos como ciertos cultivos vinculados a la industria (remolacha, caña de azúcar, cebada cervecera, maní, tabaco, girasol, arroz).

Por otra parte la subdivisión de la tierra como forma de terminar con el latifundio y mejorar la producción agropecuaria fue encarada con la creación del Instituto Nacional de Colonización (1948). Este tenía como cometido comprar latifundios improductivos, dividirlos y repartirlos entre colonos a quienes se apoyaría con la difusión de mejoras técnicas. La Asociación Rural y la Federación Rural se opusieron y acusaron al gobierno de querer implantar “una reforma agraria de tipo comunista” y finalmente impidieron que el Instituto de Colonización cumpliera la función para la que había sido creado.

El Estado tuvo una función esencial en la industrialización, pero no sólo a través de las medidas proteccionistas sino en las políticas redistributivas que aseguraron una capacidad de consumo importante a la población. Único medio viable, dadas las circunstancias, de compensar la estrechez del mercado interno. La salida al mercado internacional era poco verosímil dado el bajo nivel de competitividad de la mayor parte de la industria nacional, creada y mantenida al abrigo de las barreras aduaneras

De esta manera las medidas económicas fueron acompañadas por medidas de carácter social. Se creó el Consejo Nacional de Subsistencias (1947) para controlar los precios de los artículos de primera necesidad y se subsidiaron los alimentos básicos como la carne, el pan y la leche (el estado daba una compensación a los productores y fijaba el precio de la venta al público). Desde 1943 venían funcionando los Consejos de Salario donde obreros y patrones discutían los salarios que se pagarían y el estado participaba a través de un delegado. Además el estado absorbió mano de obra a través del empleo público no existiendo desocupación a pesar que el campo seguía expulsando trabajadores. Se creó además el Consejo de Asignaciones Familiares extendiendo los beneficios que recibían las familias de los trabajadores (prestaciones a los hijos de los trabajadores, asistencia hospitalaria en el parto, salario por maternidad, etc). Estas medidas complementaban otras tomadas en el período de gobierno anterior (indemnización por despido a todos los trabajadores, derecho a vacaciones pagas, compensación por desocupación y bolsas de trabajo para los obreros de frigoríficos y barracas de lana y cuero, estatuto del peón rural) que hicieron de los años 40 una década de triunfos para los reclamos de los gremios obreros.

El tema de la justicia social tomaba un lugar preferencial en el esquema neobatllista porque, aparte de un apoyo fundamental al crecimiento industrial, era percibido como la fuente más segura de estabilidad política. Convencido de que todas las sociedades se transforman por evolución o revolución, el Presidente Luis Batlle defendía la idea de que la anticipación a los reclamos populares era el camino más seguro para una democracia durable y para la paz social. Según sus propias palabras, en el discurso de asunción del mando, "apresurarse a ser justos es luchar por el orden y es asegurar el orden".

La "Suiza de América", como se identificó a nuestro país en éste período, se asentaba en una sociedad próspera e integrada; o eso creían muchos uruguayos. Pero detrás de esta mirada, la crisis germinaba. 

La política neobatllista dividió las aguas: los obreros, un amplio espectro de clases medias y los industriales, vivían su hora de gloria. Un contingente desmedido de empleados públicos dependía del Estado, que extendía sus protectores brazos confiado en un desarrollo económico sin fin. El trabajo y la educación eran un camino seguro al bienestar y al ascenso social de las capas populares y medias.

Pero los estancieros veían el decrecimiento de sus ganancias en aras de una industria estrecha que producía para el mercado interno. No sentían que se atendiera al agro, de donde provenía la riqueza del país. Los grandes comerciantes, los banqueros: todos quienes tenían empleados a su cargo, veían con temor la profusión de leyes que beneficiaban al trabajador y sentían el peso de la burocracia en el bolsillo.

Políticamente, los apoyos al Neobatllismo se redujeron a la lista 15. Dentro del Partido Colorado se repetía la vieja división, aunque esta vez la oposición conservadora estaba constituida por los hijos de Batlle y Ordóñez, atrincherados en el diario El Día y en la "lista 14". El gran enemigo de Luis Batlle era, no obstante, Herrera, y por cierto, el viejo caudillo no escatimó críticas contra su adversario. Sus dardos apuntaban a la política económica, a la legislación social, a la demagogia, al clientelismo y a la corrupción que veía encarnados en "Luisito”

Terminado el período presidencial de Luis Batlle en 1951, el nuevo presidente electo, Andrés Martínez Trueba, solo permaneció un año en el cargo. El temor de una nueva candidatura de Luis Batlle para el siguiente ejercicio apresuró a sus adversarios a buscar una forma de cerrarle el camino. Como tantas otras veces, el recurso fue la reforma de la Constitución. La Carta finalmente aprobada en 1952 resultó del acuerdo entre los sectores conservadores de El Día y el herrerismo. El texto proponía volver a un Ejecutivo Colegiado (vieja aspiración del batllismo) en el que estarían representadas mayorías y minorías. Era una fórmula aconsejable en un momento en que se requería amplio respaldo popular y sobre todo, era una manera aceptable de compartir el poder entre los adversarios de Batlle.

Entre 1952 y 1958 se sucedieron dos gobiernos colegiados, en los que tuvo mayoría el Partido Colorado. La figura de "Luisito" volvió a dominar el escenario y obtuvo la mayoría abrumadora de los votantes en el segundo período (1955-1958).

Sin embargo, en el plano económico la situación internacional era distinta: Europa había culminado su reconstrucción y su producción comenzaba a competir; además el Fondo Monetario Internacional comenzaba a ejercer presión sobre América Latina, esto sumado al final de la Guerra de Corea hizo que empezara a advertirse la caída de los indicadores que habían favorecido a nuestro país durante el primer periodo de gobierno Neobatllista. Cayeron los precios de los productos exportados por Uruguay y comenzó a disminuir el salario real. Por lo que diversos gremios comenzaron a realizar reclamos y huelgas. La economía uruguaya comenzaba a decaer. Además. En medio de este incierto contexto surgieron nuevas figuras. Algunas, como Benito Nardone, serían claves en la siguiente elección.

Hacia 1958 las dificultades llegaron al máximo: las reservas de oro habían disminuido enormemente; las exportaciones bajaban en cantidad y precio; aumentaba el déficit de la balanza comercial; la inflación era incontrolable.

A esto hay que sumarle la escasez de carne y de otros productos que tenían precio fijado y que se ocultaban para vender clandestinamente a un precio mayor al autorizado.

La impopularidad del gobierno crecía en medio de las críticas hacía la corrupción, el reparto de cargos, el clientelismo y los privilegios abusivos de los políticos (por ejemplo la ley que permitió a los legisladores importar autos sin pagar impuestos) que no eran responsabilidad exclusiva de los seis consejeros de la lista 15, pero se identificaba a esta con el gobierno y a este con los males que se padecían. Al acercarse las elecciones el gobierno trató de recuperar popularidad y se promovieron algunas leyes que satisfacían los reclamos sindicales (asignación familiar al desocupado y seguro de enfermedad a los obreros de la construcción) y estudiantiles (Ley Orgánica de la Universidad que le concedió una amplia autonomía).

Pero era demasiado tarde, las elecciones de noviembre de 1958 dieron el triunfo al P. Nacional apoyado por los ruralistas de Nardone que había hecho un acuerdo con Herrera.

-"Breve historia del Uruguay independiente" de Benjamín Nahum, Banda Oriental, 1999. Pág. 153 a 156. -"Historia III" Editorial Santillana 2001, Pág. 274 a 277. -"El Uruguya Neobatllista 1946-1958" de Germán D'Elía, Editorial Banda Oriental.