Colegiados Blancos

Los colegiados blancos

(Aclaración: el siguiente material es una recopilación de otros encontrados en la web)

La situación económica en la que se encontraba el Uruguay desde mediados de la década del 50 y cuya manifestación más irritante a nivel popular fue la inflación, erosionó la imagen del “quincismo” y de su líder Luis Batlle. Es por esto (en buena medida) que en las elecciones de noviembre de 1958 el Partido Nacional obtuvo el triunfo luego de casi un siglo de no tener el poder ejecutivo en sus manos.

En este triunfo incidió, además del desprestigio del anterior gobierno colorado, el aporte en votos que hizo el ruralismo dirigido por Benito Nardone (Chicotazo). Nardone había iniciado su actividad pública como gremialista rural teniendo enorme repercusión en el medio rural a través de su programa en CX4 Radio Rural donde realizaba duras críticas al sector político bajo el seudónimo de “Chicotazo”. Su prédica se dirigía contra el estatismo y los vicios que había originado (burocracia, clientelismo político, etc), reclamando que el gobierno atendiera la situación de los habitantes del campo. En 1951 convocó a un congreso de delegados de agremiaciones rurales y se formó la Liga Federal de Acción Ruralista. Esta organización primero actuó como grupo de presión económica y luego tomó un carácter político aliándose a los sectores más conservadores de los partidos tradicionales. Su campaña radial se encaminó a atacar al batllismo quincista que tenía en ese momento la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno y, finalmente, en 1958, Nardone realizó una alianza con Luis Alberto Herrera apoyándolo en las elecciones.

Pero esta alianza entre herrerismo y ruralismo comenzó a deteriorase por discrepancias en la orientación que se le daría al gobierno y por el reparto de cargos. A comienzos del año 1959, el diario herrerista “El Debate” calificaba a Nardone de “intruso” y “comadreja colorada” haciendo alusión a la militancia de Nardone en el Partido Colorado en su juventud.

El primer colegiado blanco: La reforma económica

El nuevo gobierno, que asumió en marzo de 1959, trajo un cambio radical en sus concepciones económicas y sociales aplicando un modelo liberal en lo económico y tratando de desarticular el estado benefactor creado por el batllismo. Estos cambios de rumbo se concretaron en la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria presentada por el Ministro de Hacienda Juan Eduardo Azzini y que fue aprobada en el Parlamento en diciembre de 1959.

La reforma consistió en:

a) la supresión del sistema de cambios múltiples y los tratamientos cambiarios preferenciales que se venía aplicando como parte del modelo neobatllista. Se argumentaba que ese sistema era incompatible con la libre importación que el nuevo gobierno quería instaurar y además había provocado la descapitalización del Bando República por vender dólares baratos a los importadores de maquinarias para las fábricas. El nuevo sistema permitía la fijación del valor de las monedas por la oferta y la demanda. Al implantarse este sistema se elevó el valor del dólar de 4 a 11 pesos,

b) la libre importación, eliminándose el control a las importaciones.  Se aclaraba que la libre importación alcanzaba incluso a los productos suntuarios y que sobrevivirían aquellas industrias nacionales que fueran eficientes, desapareciendo aquellas que se habían mantenido gracias a la protección estatal. Azzini señalaba que el sistema de cuotas o permisos de importación que otorgaba el gobierno había beneficiado a determinados importadores que tenían un monopolio y que en muchos casos se aprovechaba el dólar barató que se daba a algunos tipos de importación, para introducir mercadería que luego se vendía a otros países y no quedaba en Uruguay,

c) la eliminación de los subsidios a la producción agrícola, que había practicado el neobatllismo fomentando cultivos que luego se industrializaban: trigo, lino, girasol, remolacha, etc. Se argumentaba que los subsidios endeudaban al estado, y

d) la disminución de la cantidad de oro del peso uruguayo, lo que en los hechos significó una devaluación, medida que favoreció al sector rural exportador que recibió más pesos por los dólares provenientes de las exportaciones.

Como consecuencias de la aplicación de esta ley aumentaron las importaciones, lo que permitió superar las carencias que existían de algunos productos. La libre importación (que no fue total porque se mantenían barreras aduaneras), la eliminación de los dólares baratos para las importaciones de maquinaria, materia prima y combustibles y la devaluación del peso, perjudicaron a las industrias nacionales que no pudieron competir con los productos extranjeros que ingresaban a Uruguay.

El aumento de las importaciones (60% entre 1959 y 1962) mantuvo el déficit de la balanza comercial y contribuyó a aumentar la deuda externa, ya que hubo que recurrir a préstamos del exterior. Hasta el momento se habían usado las reservas acumuladas en el país durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, pero se agotaron y hubo que recurrir a los préstamos.

Otra consecuencia de la reforma fue el aumento de la cantidad de bancos que ahora podían dedicarse a la compra y venta de moneda extranjera.

Esta reforma económica seguía las orientaciones dadas por el Fondo Monetario Internacional, del cual había llegado una misión en el mes de julio, pocos meses antes de la reforma. El FMI se creó al finalizar la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de procurar que los países mantuvieran un equilibrio en sus balanzas de pagos. En caso de desequilibrio el FMI actúa para que esos países obtengan financiación, pero a cambio esos países deben firmar una “carta de intención” donde se comprometen a cumplir con las recomendaciones que aquel organismo les da. Esa especie de “receta económica” que el FMI establece para los países, consiste en: tener un sistema de cambio de moneda único y librado a la oferta y demanda, libertad para las importaciones y para el ingreso de capital extranjero, contención de los salarios por debajo de los precios, supresión del proteccionismo, estímulo a la actividad privada y no intervención del estado en la economía. Además, los países que reciben los préstamos y firmen las cartas intención, deben permitir las visitas del FMI para controlar el cumplimiento de dichas recomendaciones.

En setiembre de 1960, poco más de un año después de la primera visita del FMI, el gobierno uruguayo, con mayoría herrerista, firmó la primera carta de intención.

La situación económica provocó una mayor agitación social sucediéndose las huelgas como las del transporte, ANCAP, UTE, Frigorífico Nacional y ferroviarios entre otros. En algunos casos el gobierno reaccionó tomando medidas prontas de seguridad y reemplazando a los trabajadores en huelga por funcionarios militares. Los Consejos de Salarios, donde patrones y trabajadores negociaban los sueldos y las condiciones de trabajo, siguieron funcionando, llegándose a algunos acuerdos como los de la industria textil.

Al aumentar los conflictos el herrerismo intentó reglamentar la actividad sindical, lo que en los hechos significaba su limitación. El intento fue rechazado por la UBD, el batllismo y la izquierda.

Las elecciones realizadas el 24 de noviembre de 1962 volvieron a dar la victoria al Partido Nacional pero con un margen más ajustado que en 1958. Dentro de este lema el sector más votado fue el del acuerdo de la Unión Blanca y Democrática (UBD) con Haedo y Heber.

El segundo colegiado blanco

La labor del segundo colegiado blanco se vio paralizada por la búsqueda de acuerdos para poder tener mayorías en el parlamento y por los enfrentamientos dentro del propio partido gobernante (enfrentamiento de herreristas y ubedistas, separación del Movimiento de Rocha de la UBD, etc). Estas múltiples divisiones, agravadas por el fallecimiento de Nardone y de Fernández Crespo, líderes del ruralismo y de la UBD respectivamente, debilitaron al gobierno que no pudo hacer frente al deterioro de la economía.

Para obtener respaldo en las cámaras y aprobar el presupuesto, la UBD tuvo que recurrir al apoyo de la lista 99 (colorada) y del Partido Demócrata Cristiano.

Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico

En 1963, se dio a conocer el informe de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). Esta había sido creada en 1959 con el objetivo de que hiciera un análisis de los problemas del Uruguay y recomendar soluciones. La CIDE hizo un diagnóstico del estancamiento económico encontrando sus causas en:

-el estancamiento del agro provocado por el latifundio, el minifundio y la falta de tecnología,

-la falta de competencia de la industria nacional que dependía de insumos importados (combustibles, maquinaria) y que producía para un mercado interno pequeño,

-el enfrentamiento de los grupos de presión para mantener o mejorar su situación,

- la inflación.

Según el informe presentado, las causas del estancamiento no eran coyunturales sino estructurales; sólo un cambio de la estructura económica, y especialmente de la explotación agropecuaria, podía revertir la situación.

El análisis y las propuestas de la CIDE se enmarcaban dentro de la teoría “desarrollista” que en esos años se difundió en América Latina y que tenía entre sus impulsores a la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) y al economista argentino Raúl Prebisch. Esta teoría económica se centraba en la necesidad de planificar el desarrollo de los países. Las exitosas experiencias de economía planificada de los países socialistas y de algunos países de Europa Occidental en la posguerra, servían de ejemplo.

La CIDE propuso un plan de desarrollo cuyo primer paso era lograr un acuerdo entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno para mantener fijas durante un año las tarifas públicas, los salarios y los precios. Luego se debían encarar reformas a fondo empezando por una reforma agraria (con distribución de tierras y apoyo tecnológico), y siguiendo por la reforma del sistema bancario, la educación y la seguridad social. Una de las figuras destacadas del colegiado blanco, el Ministro de Ganadería Wilson Ferreira Aldunate, presentó en octubre de 1964 un plan de “vuelta al campo”, que incluía un proyecto de reforma agraria. La Asociación Rural se manifestó en contra y el proyecto, como otras de las reformas propuestas por la CIDE, no fue aprobado.

Profundización de la crisis económica y social

En el año 1965 la situación económica y social empeoró. En primer lugar se hicieron sentir las consecuencias de una intensa sequía que perjudicó al sector agropecuario. Por otra parte se produjo una crisis bancaria que provocó la quiebra del Banco Regional y del banco Transatlántico.

El estancamiento agropecuario. La crisis del sector agropecuario se venía arrastrando desde mediados de la década del 50. Durante el primer colegiado blanco (1958.1962) se había intentado abandonar el dirigismo estatal implantandose una política con orientaciones del liberalismo económico, pero no se había logrado salir de ese estancamiento. Durante el segundo colegiado blanco (1962-1966) se intentó aplicar el proyecto de la CIDE de orientación desarrollista, pero el resultado tampoco era bueno.

Del estudio realizado por la CIDE se desprendía que el crecimiento de la producción agropecuaria entre 1959 y 1961 era del 1,6% anual. El mayor desarrollo se había dado en la agricultura para industrializar: lino, girasol, arroz, etc. En cuanto a la ganadería, se había estancado la producción de ganado para carne, había crecido muy poco la producción de lana y el mayor crecimiento correspondía a la lechería. Desde hacía varias decenas de años el ganado vacuno estaba en alrededor de 8 millones de cabezas.

Cada vez era más evidente el atraso tecnológico y la mala distribución de las tierras. En Uruguay una res necesitaba entre 4 y 5 años para estar apta para faenar y la tasa de reproducción anual era de 56% (72% era en Argentina y 85% en Australia). Para obtener una tonelada de carne en el frigorífico, se necesitaba mantener en pastoreo 26 vacunos, mientras en Argentina bastaba con 17 animales. En cuanto a la tenencia de la tierra se mantenían el latifundio y el minifundio.

Los problemas de la industria.   La reforma cambiaria de 1959 le había quitado a la industria parte de la protección que recibía del estado. En 1963 la industria producía la mitad de lo que le permitía su capacidad. Había bajado la producción y por lo tanto también habían bajado las oportunidades de empleo. Al haber menos empleo había menos consumo y como la industria producía para el mercado interno, descendía el consumo y en consecuencia seguía bajando la producción.

Las industrias dinámicas, que se habían desarrollado en base al proteccionismo del estado durante el neobatllismo, fueron las que tuvieron más problemas, especialmente las industrias del caucho, la metalúrgica y las de fabricación de equipos eléctricos.

En los años 60 se observan las siguientes características de la industria uruguaya:

a) en las industrias tradicionales predominaban establecimientos grandes con gran concentración de trabajadores, mientras en las industrias dinámicas predominaban los establecimientos medianos (menos de 100 trabajadores) o pequeños (menos de 20 trabajadores).

b) escasa importancia de la industria nacional en las exportaciones, con la excepción de la industria de la carne y de la lana.

c) mantenimiento de técnicas tradicionales y bajos niveles de eficiencia de las instalaciones, lo que reducía la calidad de los productos y su competitividad.

El desarrollo de los bancos y las actividades especulativas.   A partir de la reforma cambiaria impulsada por el ministro Azzini durante el primer colegiado blanco, se multiplicó la cantidad de bancos instalados en Uruguay. En 1963 había 63 bancos privados con cerca de 500 sucursales en todo el país. Esta cifra era desproporcionada teniendo en cuenta la población que tenía el Uruguay. En promedio había un banco cada 4.500 habitantes, mientras en Argentina había uno cada 14.000 habitantes. Además se instalaban otro tipo de negocios financieros conocidos como “casas bancarias”, cuyo funcionamiento no estaba regulado por la ley y por lo tanto carecían de control.

Gran parte de las actividades realizadas por los bancos privados y las casas bancarias giraban en torno a la especulación:

a) especulaban con la compra y venta de moneda extranjera.,

b) intermediaban en la especulación de otros, otorgando créditos a los estancieros mientras estos retenían sus productos y no los exportaban presionando al gobierno para que devaluara la moneda nacional. Los grandes productores almacenaban la lana en los galpones y obtenían el préstamo para continuar sus actividades y el gobierno que necesitaba que se hicieran las exportaciones para que ingresara moneda extranjera que se volcaba al pago de las importaciones, debía ceder devaluando el peso uruguayo. De esta manera los estancieros exportadores obtenían mayor cantidad de pesos uruguayos por los dólares que recibían de su exportación. La devaluación también le servía a los bancos que especulaban con la compra y venta de moneda extranjera.

c) eran el vehículo a través del cual se producía la fuga de capitales, es decir la salida del país para invertir en otros países, generalmente para depositar en lugares donde se pagaba mayor interés por los depósitos.

Las actividades especulativas sin freno en medio del estancamiento del país provocaron una crisis bancaria. En abril de 1965 uno de los bancos privados más importantes, el Banco Transatlántico, no pudo hacer frente a sus compromisos y quebró. El temor de que se produjera una corrida de los depositantes para retirar sus depósitos en otros bancos (porque a la caída del Banco Transatlántico podía seguirla la caída de otros) llevó al estado a intervenir varios bancos y establecer que el Banco República sería garantía de los depósitos hechos en los bancos privados. Los bancos permanecieron cerrados durante dos semanas para evitar los retiros de depósitos. También se establecieron mayores controles sobre las operaciones de los bancos. El resultado fue que disminuyó la cantidad de bancos, pero no la especulación que se concentró en menos manos y sobretodo en casas bancarias extranjeras con filiales en Uruguay que se vieron menos afectadas por la crisis bancaria.

Problemas sociales.  Mientras los precios subían (88% en 1965) los salarios bajaban. Tomando como base 100 en el año 1957, el salario real bajó a 80 en 1966. Mientras algunos sectores privilegiados aumentaron sus ingresos en forma permanente, otros, como las clases medias y bajas, que tenían ingresos fijos, sufrieron el impacto de la inflación. Comenzó a difundirse el trabajo “informal” al margen de la legalidad, la subocupación y el doble empleo para poder complementar los salarios bajos. En los alrededores de Montevideo se empezaron a ver asentamientos precarios, “los cantegriles”, donde proliferaba la miseria que era engrosada por la permanente migración del interior hacia la capital buscando mejores condiciones de vida.

El “éxodo rural”, traslado de población hacia las ciudades, y en el caso de Uruguay especialmente hacia Montevideo, se mantuvo y acentuó en esos años. En 1950 la población rural era el 20% de la población total del país. En 1960 había descendido al 15% y diez años después, en 1970 bajó al 11%.

La organización sindical había progresado tanto entre los obreros industriales como entre los de “cuellos blancos” (o sea los trabajadores de oficinas), como bancarios, funcionarios públicos, etc. A fines de la década del 50 se reinició el diálogo entre las diversas organizaciones sindicales tratando de formar una central única que reuniera a todos los sindicatos para lograr mayor fuerza en sus reivindicaciones. Esta central única se concretó en 1964 con la formación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

También los estudiantes se movilizaban a través de la FEUU, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, reclamando no sólo por todo aquello que los afectaba como estudiantes sino por transformaciones económicas y sociales.

La reforma constitucional y las elecciones de 1966

Desde los sectores políticos predominantes culparon a la constitución de los males del país y se plantearon su reforma. Por su parte la población, que había recibido con frialdad la reforma anterior (realizada en 1952), no sentía atracción por el sistema colegiado y lo veía como un organismo irresoluto, donde se discutía mucho y se resolvía poco. Por lo tanto desde diversos sectores políticos se impulsó la reforma de la constitución.

En las elecciones de noviembre de 1966 se presentaron cuatro proyectos de reforma, conocidos por el color de la papeleta con los que se votaba.

La reforma naranja, que fue la que obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes (el 75% de quienes votaron) establecía significativos cambios en el Poder Ejecutivo: se eliminó el Consejo de Gobierno y se volvió al sistema unipersonal, o sea un Presidente, que sería electo cada 5 años y no podía ser reelecto. Acompañaban al presidente en su actuación un ministro, varios de ellos o el Consejo de Ministros.

La nueva constitución amplió las potestades del Poder Ejecutivo. Le dio la iniciativa exclusiva para presentar leyes referidas al orden económico y financiero del país (por ejemplo para aumentar el número de empleos públicos, aumentar los gastos del estado), la posibilidad de vetar leyes aprobadas por la Asamblea General (veto que ésta podía levantar pero con 3/5 de legisladores), además el presidente podía enviar proyectos de ley de “urgente consideración” a la Asamblea y ésta tenía un plazo perentorio para rechazarlos, sino quedaban automáticamente aprobados. También incrementó el control del poder Ejecutivo sobre los entes autónomos.

El mismo día que se plebiscitó la reforma constitucional se celebraron las elecciones para elegir presidente; en ellas resultó ganador Óscar Gestido del Partido Colorado.